Declaracion de Lima ante la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno

IV Foro Euro-latinoamericano - caribeño de sociedad civil
Lima, 31 de marzo – 1º de abril de 2008

Ante la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea - América Latina y el Caribe

PREÁMBULO

Convocados por la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe y la Plataforma Europea de ONG de Urgencia y Desarrollo - CONCORD, las organizaciones sociales que nos reunimos en el IV Foro euro-latinoamericano-caribeño de la sociedad civil queremos plantear a los gobernantes de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe (ALC), la necesidad de que la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en Lima el próximo mes de mayo, reoriente el proceso en la perspectiva de avanzar en la concreción de una Asociación Estratégica Birregional que ayude a profundizar la democracia y combatir la pobreza, la exclusión, la discriminación y la desigualdad, así como a la defensa y gestión sustentable del medio ambiente y los recursos naturales en ambas regiones.

Para ello presentamos las siguientes consideraciones y propuestas que dirigimos a los Jefes de Estado y de Gobierno de ALC y la UE sobre algunos temas que nos resultan de particular importancia:

CONSIDERACIONES

Situación de la democracia y los derechos políticos

1. Los derechos civiles y políticos formales en ALC y la UE se han ampliado en las últimas décadas. Las elecciones periódicas y la sucesión ordenada de gobiernos forman parte del régimen político en nuestros países. Sin embargo, la mayoría de la población está muy distante de la política, es decir, de los procesos de toma de decisiones. En América Latina rige la democracia electoral y sus libertades básicas, pero los ciudadanos y ciudadanas perciben que sus derechos no son efectivos, lo que resulta incompatible con la profundización y la sostenibilidad democrática.

El fracaso de la Unión Europea en dotarse de un marco constitucional común está reflejando el debilitamiento de su dimensión política. El mecanismo del tratado simplificado es una salida insuficiente para retomar la expectativa y la confianza de la población en este proyecto de integración. Al mismo tiempo, el peso político de la UE se ha debilitado en los últimos años, en particular su política extranjera, pero también el Parlamento europeo.

2. La ciudadanía de muchos de los países de ALC siente una gran desconfianza en Estados sin voluntad política para gestionar soberanamente sus recursos naturales, redistribuyendo la riqueza y el ingreso nacionales. Ante esta situación, aumentan la protesta y la movilización social, las cuales son frecuentemente respondidas con la criminalización de los movimientos sociales, profundizándose los agudos problemas de legitimidad de los actores políticos y sociales que sirven de soporte al sistema democrático. La mayoría de países de esta región se caracteriza por tener democracias en construcción, débiles y cuestionadas por las desigualdades económicas y sociales, la corrupción y la captura de porciones del Estado por intereses privados, muchas veces ilegales. En nuestro continente persisten y surgen nuevas manifestaciones de autoritarismo que, manteniendo las formas democráticas, desarrollan políticas excluyentes y represivas contra corrientes e instituciones de oposición.

3. La democracia requiere de paz para su desarrollo y profundización; no como ausencia de conflictos, sino como ambiente institucional, político y cultural, donde aquellos, lejos de ser criminalizados, se resuelven por la vía legítima de las luchas sociales y políticas, sin recurrir a la violencia por ninguna de las partes. Constatamos que en ALC, la existencia del conflicto armado tiene un preocupante poder desestabilizador, como lo muestran los hechos recientes, mientras en Europa también se observan fenómenos –prácticas racistas y xenofóbicas, proliferación de legislación contra los migrantes y algunos gobiernos que optan por el unilateralismo y la denominada guerra contra el terrorismo- que significan retrocesos democráticos.

4. La democratización de las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, la dinamización de diversos espacios y procesos de participación ciudadana en la gestión pública y el fortalecimiento de la movilización social se presentan como los principales factores para la consolidación democrática de ALC. El papel activo de los movimientos sociales y populares y de las sociedades civiles nacionales se ha demostrado indispensable para la defensa, promoción y ampliación de los espacios democráticos en este continente.

Modelo económico, integración regional y la situación de los derechos económicos

5. El modelo económico dominante, tanto en la UE como en ALC, está orientado por la doctrina neoliberal que disminuye y relativiza el rol del Estado en la economía y otorga un papel superlativo al capital y al mercado, reafirmando el carácter primario-exportador de los países del Sur, subordinando el efectivo acceso a derechos de las personas y condicionando a los países de menor desarrollo a una reinserción internacional supeditada a los intereses del capital transnacional y los grandes grupos de poder económico nacionales.

6. En este esquema, los procesos de integración sub-regional en curso en ALC sufren un lento desmontaje como consecuencia del intento de imponer un modelo de integración neoliberal, que desconoce las potencialidades de algunos de ellos y se enfrenta a las iniciativas de desarrollo propio, sostenible, comunitario y alternativo que impulsan una integración de los pueblos fundada en la equidad y la justicia.

7. Los sectores económicos dominantes no reconocen que la pobreza es el resultado de la violación masiva y estructural de los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales. Ello afecta, de manera diferente y en distintos grados, tanto a la ciudadanía latinoamericano-caribeña como a la europea. Sin embargo, mientras la UE avanza en la consolidación de su proceso de integración, en ALC, la mayoría de sus bloques regionales y de sus países se subordinan a la lógica del modelo económico a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Inclusión social, desigualdad y situación de los derechos sociales

8. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social afectan cada vez más a los hombres y mujeres de nuestros pueblos. Los problemas generados por el modelo neoliberal conciernen igualmente, aunque en diferentes grados, a los ciudadanos y ciudadanas europeos como a los latinoamericanos y caribeños. Sólo la voluntad política y la movilización conjunta por su superación permitirán avanzar en la construcción del bienestar social y de nuevas relaciones sociales, en el marco de una cultura de derechos en ambos continentes, resultando indispensable establecer políticas que enfrenten toda forma de discriminación y desigualdad, en particular de género, etnia, cultura, intergeneracional, de personas con capacidades diferentes y de acceso a la salud.

9. En este escenario, recordamos que en ALC persisten indicadores sociales negativos en los que los niveles de pobreza y desigualdad se manifiestan como endémicos, constituyéndose en un grave obstáculo para construir sociedades equitativas. Las mejoras que se observan en esta materia son apenas estadísticas y no suponen un cambio real en la vida de los hombres y mujeres condenados a esa situación.

El cambio climático

10. Durante las últimas dos décadas, numerosas organizaciones de la Sociedad Civil han llamado la atención sobre la amenaza del cambio climático y los efectos del calentamiento global en el planeta y la humanidad. Hoy, la recurrencia y agudización de fenómenos climáticos extremos alrededor del mundo, junto a hechos irrefutables e irreversibles, dan la razón a las advertencias de los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC). Lo que antes aparecía como preocupación exclusiva de organizaciones ambientalistas, finalmente se asume como un problema global. Esto impone una readecuación de todas las políticas públicas y cuestiona al modelo de desarrollo imperante en su base.

11. Los ricos recursos naturales de ALC se encuentran amenazados y su población en una situación de creciente vulnerabilidad, debido a legislaciones permisivas en materia ambiental y a modelos económicos exportadores de recursos naturales con poco valor agregado, basados en la quema de combustibles fósiles para la producción de energía. De ahora en adelante, sectores como la agricultura, la energía, el transporte, así como los modos de producción y consumo, tienen que considerar su impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero.

12. Reafirmamos la importancia del Plan de Acción de Bali, de los compromisos de los países desarrollados de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de los países “emergentes” de pasar a un desarrollo, más austero en carbono y energía. Los gobiernos están obligados a reconocer la importancia del diálogo con la sociedad civil en el marco de las negociaciones internacionales, pero también en la aplicación de los acuerdos existentes. Reconociendo el papel de las empresas transnacionales, los gobiernos tienen que ejercer un control estricto sobre ellas para que no afecten el medio ambiente.

Balance y perspectiva de los Acuerdos de Asociación (AdA) y su relación con los procesos de integración regional en América Latina y el Caribe

13. La crisis del sistema multilateral de comercio se aceleró por las negociaciones bilaterales de los Tratados de Libre Comercio que impulsan la Unión Europea y los Estados Unidos. Con ellos, buscan garantizar el acceso a los mercados de sus productos, a recursos naturales y materias primas para sus industrias, así como condiciones de estabilidad para sus inversionistas. Los Tratados pretenden generalizar reglas comerciales que favorecen las ganancias de las grandes transnacionales en distintos campos como inversiones, servicios, competencia, compras públicas y propiedad intelectual. Este sistema de liberalización comercial, genera un modelo de desarrollo excluyente que sólo busca el crecimiento económico y no responde a principios elementales de sustentabilidad. Los capítulos de diálogo político y cooperación del Acuerdo de Asociación, que debían ser el núcleo central de genuinos acuerdos de relación, quedan así subordinados a los intereses comerciales.
14. Resulta claro que la integración regional no se construye desde afuera; mucho menos a partir de acuerdos comerciales. Ella debe surgir de un proyecto político común, democráticamente compartido. En esta perspectiva, los AdA en su forma actual, desintegran antes que integrar.

La cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe

15. La Cooperación al desarrollo de la UE con ALC debe tener como objetivo primordial la erradicación de la pobreza y la inequidad en el marco del respeto y promoción de los derechos humanos integralmente considerados y el desarrollo sostenible, la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, la cohesión social y la integración regional desde los pueblos.

16. Los objetivos y prioridades definidos por las estrategias de cooperación de la CE en AL para el periodo 2007-2013 sitúan a la cohesión social y a la integración regional -ligada al crecimiento económico y el comercio- como los temas clave. Sin embargo, las acciones dirigidas para actuar en el ámbito de la cohesión social son muy genéricas y están pendientes de una definición y conceptualización adecuadas a la realidad de cada país y de la región. Con respecto a la integración regional, el apoyo de la UE se basa en una estrategia de “integración económica regional” que no incorpora otras dimensiones fundamentales de la integración en la perspectiva de un desarrollo humano sostenible.

17. En relación al conjunto de políticas y acciones de la UE, un principio esencial es la “coherencia de políticas a favor del desarrollo”. Las políticas de dimensión internacional aplicadas por la UE, en particular agricultura y comercio, son contradictorias con los postulados de desarrollo y de integración pues prevalece la hegemonía europea sobre la realidad regional latinoamericana y su comprensión de las asimetrías existentes en ALC es limitada. Demandamos la coherencia con los principios de desarrollo, asociación y participación, de toda la intervención de la UE así como de sus políticas de dimensión internacional y su aplicación.

Participación de la sociedad civil

18. La participación de la sociedad civil es un componente básico para lograr relaciones más equitativas y solidarias entre la UE y ALC. Su acción, como sujeto clave en estas relaciones, no puede limitarse a algunos momentos o temas determinados, sino que debe ser parte de un proceso que permita la incidencia real de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las relaciones birregionales.

PROPUESTAS
Sobre la democracia y los derechos políticos

1. La consolidación de la democracia en ambas regiones, debe orientarse al fortalecimiento de la ciudadanía, ampliando los márgenes existentes para el ejercicio y goce de los derechos de ciudadanos y ciudadanas.

2. Para profundizar las dimensiones económica y cultural de la democracia es indispensable avanzar en algunas orientaciones estratégicas: promover el fortalecimiento de los actores sociales y políticos; destinar recursos a una profunda reforma del Estado para enfrentar su altos grado de ilegitimidad y la desconfianza que la acompaña; profundizar los procesos de descentralización y regionalización; ampliar los mecanismos de participación, vigilancia y control ciudadano sobre los asuntos públicos; fortalecer las redes birregionales, hemisféricas y subregionales de la sociedad civil.

3. En defensa de la paz que requiere la democracia, en relación al conflicto colombiano, hacemos un llamado para que sea resuelto por la vía de la negociación política y los acuerdos humanitarios, evitando la tragedia actual e impidiendo que adquiera un carácter regional. En el caso europeo demandamos el castigo a las prácticas racistas y xenofóbicas, el freno a las leyes contra los migrantes y la ratificación del multilateralismo como condición de un orden internacional que también tiene que ser democrático. Las políticas de cooperación de la UE o de sus Estados miembros, no deberían estar vinculadas a objetivos que apunten a regular los flujos migratorios.

Sobre el modelo económico y la situación de los derechos económicos

4. Es indispensable promover en ambas regiones políticas económicas y sociales que prioricen la generación de empleo productivo, el derecho al “Trabajo Decente” y al salario justo, así como el respeto de los derechos laborales y sociales dentro del enfoque del trabajo digno, sin excepcionalidad para las empresas multinacionales, asegurando el cumplimiento de idénticos estándares laborales y tributarios en ambas regiones.
5. El combate a las causas y condiciones que crean y reproducen la pobreza y la exclusión social debe concentrarse en enfrentar los problemas de la inequidad social, la falta de empleo digno, de educación, de salud, así como de toda forma de discriminación.
Sobre inclusión social, desigualdad y situación de los derechos sociales

6. Resulta urgente promover e invertir en políticas sociales orientadas a un sistema de protección social sin exclusiones, superando la visión focalizada de las políticas compensatorias, diferenciando de manera clara los aspectos que se refieren a la reducción de la pobreza y la desigualdad.
7. Desarrollar instrumentos de acción contra la pobreza que estimulen la transformación productiva, el desarrollo local, el fortalecimiento de la asociatividad productiva y la economía social, la agricultura familiar y las pequeñas y medianas empresas. Una dimensión fundamental son las políticas orientadas a ampliar el acceso a una educación de calidad de toda la población.
8. Implementar políticas que garanticen la libre circulación de las personas y el reconocimiento pleno de sus derechos en tanto que ciudadanos y ciudadanas donde quiera se encuentren tanto en ALC como en la UE.
Sobre los desafíos del cambio climático

9. Generar mecanismos de cooperación regionales para crear capacidades para la gestión del riesgo provocado por los fenómenos extremos derivados del cambio climático, que se presentan con mayor frecuencia en la región, particularmente en los pequeños Estados insulares.

10. Garantizar el acceso al agua como bien social y derecho humano fundamental, frenando los acelerados procesos de deforestación y desertificación, preservando la biodiversidad de los ecosistemas hídricos y terrestres y protegiendo la calidad del aire y de los suelos.

11. Los Estados nacionales deben aplicar normativas claras, fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, ejerciendo el debido control sobre las actividades económicas y productivas en protección del patrimonio ambiental y de las poblaciones originarias. Igualmente, deben promover nuevas prácticas educativas de producción y consumo para crear conciencia y educar a las generaciones presentes y futuras en estilos de vida sustentables.

12. Hacer viable la relación entre inversión y protección del medio ambiente natural y social, protegiendo a las comunidades locales y a las poblaciones indígenas, asegurando sus derechos ancestrales frecuentemente afectados por distintas actividades extractivas que las desplazan de sus tierras, garantizando la diversidad biológica y cultural.

13. Pasar la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE al 2020 de 20% a 30%. Los gobiernos de la UE y ALC también deben considerar el impacto socioeconómico y medioambiental de la producción de agrocombustibles.

14. En el contexto de las negociaciones multilaterales, es necesario garantizar que los fondos para la lucha contra el calentamiento global permanezcan en el sistema de la ONU y estén disponibles para las comunidades locales y ONG.
Los Acuerdos de Asociación y su relación con los procesos de integración en América Latina y el Caribe
15. El principio orientador de todas las negociaciones entre regiones de ALC y la UE debe ser la construcción de un orden social justo. Queremos acuerdos de asociación en donde el principio de las asimetrías, tanto internas como externas, sea el que guíe la negociación, lo que supone el mecanismo de trato comercial diferenciado, como expresión de dicho principio. Queremos también una asociación entre la UE y ALC que resulte de un análisis profundo de los modelos de desarrollo en ambos continentes, de sus debilidades y ventajas.

16. Requerimos acuerdos de Asociación que no estén centrados en la dimensión comercial, en donde los pilares del diálogo político y la cooperación sean el núcleo principal de genuinos vínculos que promuevan la justicia social y los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En consecuencia, el reconocimiento de las asimetrías debe ser el principio que guíe las negociaciones entre la UE y ALC.

17. En el marco de las negociaciones de los AdA, la UE no puede imponer agendas negociadoras tipo OMC plus y deben quedar excluidos temas tales como agua, servicios, inversiones, compras públicas, competencia y propiedad intelectual. La agricultura debe recibir un trato especial en las negociaciones, reconociendo los principios de seguridad y soberanía alimentaría, y eliminando las distorsiones que generan los subsidios agrícolas afectando a los productores más pobres.

18. La vigencia del Sistema General de Preferencias (SGP) no debe estar condicionado a la negociación de los AdA. No se debe condicionar el acceso a mercados hoy existente a las negociaciones de los AdA, forzando la apertura de los mercados en los países de ALC y la UE. En las negociaciones comerciales en curso, las ventajas actuales deben servir como piso mínimo y punto de partida.

19. El intercambio de mercancías no puede verse al margen de la fuerza laboral que las produce. Las negociaciones comerciales deben incluir una posición clara sobre el acceso de los trabajadores migrantes a ambas regiones. Se debe incluir de la manera más comprensiva el tratamiento del régimen de acceso de éstos, atendiendo su condición legal y garantizando la mayor cobertura de sus derechos.

20. Se requiere ampliar la Cláusula Democrática y hacer efectivo su cumplimiento, estableciendo mecanismos para su implementación y seguimiento dentro de los AdAs. Ella debe permitir la efectiva protección de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, la infancia y los afrodescendientes.

21. Se deben institucionalizar mecanismos adecuados de participación de la sociedad civil, previos, libres e informados en los diversos momentos de los AdA: a) Estudios preliminares, b) elaboración de las posiciones negociadoras nacionales y regionales, c) seguimiento y participación en las negociaciones, d) implementación, e) en la fase de monitoreo del impacto ambiental, económico y social del AdA.

Sobre la cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe

22. En el diseño e implementación de las estrategias de cooperación de la UE es indispensable promover la necesaria participación y el diálogo institucionalizado con la sociedad civil, lo que implica establecer mecanismos efectivos de participación, consulta, monitoreo y evaluación de los programas de cooperación.

23. La cooperación al desarrollo debe incluir la discusión de la deuda externa de los países pobres y en desarrollo, incluyendo el apoyo y fomento a los procesos de su auditoria como herramienta para determinar su legitimidad que nos reclaman los países europeos, así como las consecuencias de su pago.

24. La revisión de medio término del año 2010 de las estrategias de cooperación de la UE para AL (2007-2013) deberá considerar la definición clara de los mecanismos, criterios y el proceso bajo el cual realizará esta revisión, así como su publicidad y disponibilidad oportuna, estableciendo procedimientos claros, estructurados y amplios para la participación de la sociedad civil en el ejercicio de esa revisión. Igualmente, la definición de mecanismos transparentes sobre como serán recogidas sus recomendaciones en los resultados de la revisión y en la identificación de las actividades de cooperación 2010-2013.

Llamamos a establecer puentes entre los diferentes mecanismos de consulta previstos en camino hacia la V Cumbre de Mandatarios. Asimismo, nos comprometemos a difundir y profundizar el debate sobre estos planteamientos en el marco de Enlazando Alternativas III. Pedimos a las autoridades que garanticen las debidas condiciones de seguridad y trabajo a este encuentro social.

Las organizaciones que adherimos esta Declaración nos comprometemos a difundirla en cada uno de nuestros países, en particular entre los jefes de Estado y de gobierno de ALC y la UE, buscando que sean incluidas en la Declaración Final y el Plan de Acción de la Cumbre de Lima. Asimismo, nos comprometemos a profundizar nuestras alianzas y nuestro trabajo conjunto, enriqueciendo los vínculos entre las sociedades civiles europea y latinoamericana-caribeña.

Lima, 01 de abril de 2008